Principios bioéticos, tecnociencia y procesos de decisión social (Capítol del llibre: Boladeras, M., (Ed.) Bioética: la toma de decisiones, Editorial Proteus, Barcelona, 2011)

by sapereaudecat

Abstract:

 

 

La aplicación de los principios fundamentales de la bioética se ha centrado en la ética médica y la experimentación con humanos. Aquí queremos plantearnos la posibilidad de extenderlos más allá de los límites del individuo. Tendremos en cuenta tanto las sociedades democráticas como la humanidad globalizada. Para llegar a tal conclusión realizaremos un paralelismo entre el consentimiento informado y su extensión social. En ambos está en juego el principio de autonomía, cuando se trata de poner en contacto la salud y el bienestar con la tecnología. Finalmente observaremos cómo dicho proceso es inseparable de una transformación de las estructuras económicas dominantes.

 

 

I. Introducción.

 

 

La ubicuidad de la tecnociencia en nuestra vida cotidiana no ha hecho más que crecer desde la segunda mitad del siglo pasado. Aunque es incuestionable que la especie humana siempre ha estado necesariamente vinculada a la tecnología, nuestra forma de vida contemporánea es mucho más dependiente de ella de lo que lo fueron otras sociedades. Su presencia se hace notar en todos los aspectos de lo vivo, incluso en aquellos que, como la reproducción o la posibilidad de cruzar barreras entre especies, hasta hace poco parecían necesariamente alejados de su alcance.

 

Pero lo cierto es que la tecnociencia no sólo nos aporta ventajas, también lleva aparejados diferentes grados de peligrosidad y de incertidumbre. Algunas nuevas aplicaciones de la biotecnología, como los transgénicos, parecen prometer tantos beneficios como perjuicios. La clonación reproductiva es vista como un peligro en ella misma. La nanotecnología alberga grandes esperanzas y engendra miedos no menos grandes. Las tecnologías de la información nos facilitan la vida con la misma eficacia que incrementan las posibilidades de control y manipulación social.

 

En una sociedad como la nuestra es ingenuo pensar en la neutralidad de la tecnociencia. Tanto la investigación como la aplicación de las nuevas tecnologías están sometidas a nuestra economía de mercado. Esto quiere decir que nunca pueden ser neutrales. Las inversiones deben ser siempre amortizadas y generar beneficios lo más pronto posible. La investigación requiere altas sumas de capital, que casi siempre es aportado por inversores privados. Así pues, generalmente es el interés particular el que establece los objetivos de la aplicación de la tecnociencia, al margen en muchas ocasiones del interés colectivo. El fin último de dichos objetivos acostumbra a ser el beneficio de los inversores y sólo de manera secundaria el bien común[1].

 

De esta manera, el control sobre la tecnociencia escapa en gran medida de la ciudadanía y se ejerce desde el ámbito privado. Si tenemos en cuenta que, como hemos dicho más arriba, las nuevas tecnología pueden acarrear efectos no deseados, algunos incluso peligrosos, nos encontramos con una situación de déficit democrático: la ciudadanía debe poder decidir sobre la aplicación o no de aquellos procesos que le afectan directamente y de los que depende, en gran medida, su vida cotidiana.

 

 

II. El consentimiento informado.

 

 

Aunque podemos encontrar antecedentes desde el siglo XVIII[2], el caso “Schloendorff versus Society of New York Hospitals”[3] es, en 1914, el primer litigio judicial en el que se tiene en cuenta el derecho a la autonomía del paciente frente a las decisiones médicas. En 1957, la sentencia del caso “Salgo versus Leland Stanford Jr. University Board of Trustees”[4] incorpora por primera vez en la historia el concepto “consentimiento informado”[5]. A partir de este momento iniciará su camino hasta nuestros días.

 

Ya desde su nacimiento, el CI se fundamenta en dos principios esenciales. Por un lado el principio de autonomía y, por el otro, el del respeto a la integridad física de la persona. Su aplicación se ha restringido al ámbito médico y, desde la formulación del código de Nüremberg en 1947, se ha extendido al de la experimentación con humanos.

 

 

III. El consentimiento social informado (CSI).

 

 

A pesar de que se centra esencialmente en el individuo y sus derechos, es posible realizar una ampliación del CI más allá de las barreras de la individualidad, hacia la sociedad misma. El fundamento de dicha posibilidad lo encontramos en el principio de autonomía, es decir, en la libertad de cada persona para expresar su propia voluntad como agente moral. Cada sujeto moral, como único responsable de su propia acción, es fuente de respeto, siendo así, en sentido kantiano, la autonomía de la voluntad humana la fuente de su dignidad moral.

 

Así pues, en la base del CI encontramos el respeto a la autonomía de cada individuo. Siguiendo una vez más a Kant, la articulación política de la capacidad de decisión inalienable e inherente de todo ser humano, encuentra su cristalización en una forma democrático-republicana de organización. Su objetivo esencial es el de armonizar, mediante la ley que los individuos libres se dan a sí mismos, todas las capacidades de acción de cada uno de ellos. De esta manera todos pueden siempre mantener su propia autonomía, al mismo tiempo que emerge un orden legal que no tiene su origen fuera de los individuos sino dentro de ellos mismos. El objetivo final de éste sistema político democrático-republicano, no es otro que el de reunir a los ciudadanos para que puedan legislarse a sí mismos. De esta manera, la autonomía queda plenamente garantizada ya que la expresión de la voluntad de ese conjunto de ciudadanos, que llamamos pueblo, nace de la concatenación de las diferentes voluntades autónomas de cada uno de los miembros del cuerpo político que, en su decisión, actúan como si fueran una sola.

 

En el ámbito práctico concreto, lo que legisla el cuerpo de ciudadanos es aquello que afecta, tanto a la convivencia como a las posibles situaciones donde la capacidad de decisión autónoma de cada uno de ellos se vea puesta en cuestión. De no ser así, el mantenimiento de la autonomía se vería amenazado. Mediante el consentimiento informado, los individuos pueden decidir por ellos mismos sobre todos aquellos procesos médicos que les afectan directamente. Es indudable pues que la autonomía es aquí plenamente respetada. Pero, ¿qué ocurre con determinados procesos, como los tecnocientíficos, que afectan directamente a la ciudadanía? ¿Se mantiene o se vulnera el derecho a decidir sobre aquello que nos afecta?

 

Se podría responder acertadamente que en los parlamentos, muy a menudo, se legisla sobre determinadas aplicaciones tecnocientíficas. En este caso los ciudadanos delegan la decisión en sus representantes políticos. Pero, en relación a los procesos de aplicación tecnocientíficos, este procedimiento suele quedarse corto. Esto se debe, esencialmente, a dos motivos.

 

El primero es la insuficiencia de los sistemas democráticos para legislar sobre cuestiones tecnocientíficas. Dada la complejidad de estos procesos y el alcance de las posibles consecuencias de su aplicación, pensamos que la delegación de la decisión debilita la autonomía de la ciudadanía. Perdemos muchas veces de vista que la centralidad de la tecnología en nuestras vidas, sus elevados costes, su íntima relación con la salud y el medio ambiente, o los posibles efectos sobre las generaciones futuras, son argumentos suficientes para apelar a la decisión directa.

 

El segundo lo encontramos al observar cómo, en numerosas ocasiones, las aplicaciones tecnológicas se implantan en nuestras sociedades mediante la política de “hechos consumados”. El motivo de esta impunidad es la gran red de intereses particulares implicados en el uso de la tecnociencia. Como ya hemos observado más arriba, en la economía de mercado la presión ejercida por los grupos interesados en obtener beneficios mediante las aplicaciones tecnocientíficas – industrias biotecnológicas, farmacéuticas, agroalimentarias, energéticas, etc. – puede llegar a ser tan fuerte que, en ocasiones, se implanten determinados procesos sin tener las suficientes garantías de inocuidad. Dado que, frecuentemente, los beneficios reales para la sociedad de tales prácticas son dudosos, cuando no perjudiciales, resulta evidente que la ciudadanía debe poder decidir sobre ellos.

 

Vemos pues, que el CSI debería representar un paso más en el perfeccionamiento de la democracia. Amplía el ámbito ciudadano de decisión, al mismo tiempo que evita la socialización de los perjuicios y la privatización de los beneficios. Resulta una grave contradicción permitir la expresión de la autonomía de los ciudadanos, respecto a la libre decisión sobre su cuerpo y su salud en el ámbito particular, y cercenarla en el colectivo.

 

Seguramente, para posibilitar cambios como estos, deba ser necesario reformar de manera profunda nuestros actuales sistemas de representación y voto[6]. Pero si no queremos considerar al Estado como una entidad separada y extraña a la ciudadanía, es imprescindible repensar la forma actual de nuestras democracias para adaptarlas a las nuevas realidades[7]. Entre dichas realidades la tecnociencia ocupa un lugar destacado.

 

La salvaguarda de los derechos individuales no es incompatible con el mantenimiento de un cuerpo organizado y armónico de individuos. La imposición, desde los años ochenta del pasado siglo, de políticas neoliberales cada vez más duras no nos debe hacer perder de vista que la democracia no puede fundamentarse en solipsistas y monádicos consumidores. Los ciudadanos, como poseedores conscientes de derechos políticos inalienables son los únicos que pueden decidir, tanto sobre ellos mismos privadamente, como en conjunto, en especial si lo que se ve amenazado es su salud y la de las generaciones futuras. Observamos así una contradicción entre la posibilidad de ejercer la autonomía individualmente pero no colectivamente, cuando en realidad sólo hay una forma de autonomía que se expresa de diferentes maneras.

 

Las iniciativas en éste sentido son numerosas y han cristalizado en diversas opciones: las conferencias de consenso, los jurados ciudadanos, los núcleos de intervención participativa, los experimentos en democracia deliberativa, la evaluación constructiva de tecnologías y los argumentos de la ciencia postnormal. Todas estas propuestas y experiencias prácticas apuntan en la misma dirección y ponen de relieve la necesidad imperiosa de que la ciudadanía ejerza el control sobre la tecnociencia.

 

 

IV. El bien común.

 

 

Si tenemos en cuenta que esa coordinación política de los ciudadanos se constituye para ejercer una tarea de construcción colectiva del bien común y que, además, cada ciudadano puede tener su propia idea de cuál sea dicho bien común, llegamos a la conclusión de que éste sólo puede ser estructural. La construcción colectiva del bien común debe tener como objetivo la edificación de una estructura legal y política que permita que todo ciudadano particular pueda buscar su propio bien, sin impedir que los demás busquen el suyo.

 

Se trata pues de una construcción intersubjetiva estructural carente de todo contenido sustancial. De esta manera se deja la máxima libertad a los individuos para decidir sobre sí mismos, sin perder de vista que dicha libertad no existe si no es en un espacio intersubjetivo común. Así pues, ese estado formado por el conjunto de los ciudadanos, es en realidad una estructura posibilitante de la autonomía individual. Pero dicha autonomía individual debe permanecer siempre sujeta a la construcción colectiva de dichos espacios particulares. Esta es la única manera de evitar los extremismos del solipsismo radical y el comunitarismo totalizante. El Estado así descrito se erige en una estructura destinada tanto a garantizar la autonomía individual, como a permitir la búsqueda del bienestar y la salud.

 

Si analizamos los procesos tecnocietíficos, como ya hemos esbozado más arriba, comprobaremos que algunos de ellos afectan al bien común ya que no están controlados por la ciudadanía y, al mismo tiempo, son susceptibles de perjudicar la salud y el bienestar de los individuos o de las futuras generaciones. En definitiva, no se aplican teniendo como meta el bien común sino que son fruto de decisiones unilaterales. Es necesario que, en nuestra sociedad hipertecnificada en la que la tecnología está absolutamente ligada a intereses particulares, se establezcan mecanismos políticos de decisión y control sobre ella. Si bien el beneficio particular privado es perfectamente lícito, debemos asumir que éste deja de serlo cuando contraviene el bien común.

 

Los ámbitos en los que la tecnociencia, en manos exclusivamente privadas, puede interferir en nuestra seguridad y salud son numerosos. Afecta a nuestra libertad (tecnologías de la información y la comunicación), a la evolución de la especie (biotecnologías), al acceso a los recursos naturales y su mantenimiento para futuras generaciones, a la salud, etc. Así pues, debemos poder decidir sobre cómo utilizar la tecnociencia, qué riesgos estamos dispuestos a asumir, a cambio de qué, teniendo en cuenta a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar, qué alternativas existen al uso de una determinada tecnología, … En definitiva, es fácil observar ahora cómo, en gran medida, éstas preguntas se parecen a las que un individuo particular se hace cuando debe decidir si acepta un determinado tratamiento o no.

 

 

V. La información y comunicación.

 

 

Pero siguiendo con el paralelismo, a estas alturas resulta del todo evidente que, para poder decidir, es preciso poseer ciertos conocimientos. Lo mismo que ocurre con el paciente que debe resolver si acepta o no una intervención, la ciudadanía debe estar lo suficientemente informada para poder ejercer su derecho a decidir. El problema evidente, mayor incluso que el que se da a nivel particular, es la complejidad de los conocimientos a transmitir y la diversa capacidad de los individuos para comprenderlos.

 

Para solventar este problema, podemos contar con dos vías complementarias procedentes del ámbito científico: los comités de expertos y el deber del colectivo científico de difundir socialmente sus conocimientos, o lo que es lo mismo, la divulgación responsable de la ciencia. A éstas hay que añadir una tercera, proveniente en éste caso de la propia organización política de la sociedad: la educación de la ciudadanía.

 

En primer lugar, los comités de expertos deben tener un papel central en la toma social de decisiones. Su principal rol ha de ser el de consejeros ilustrados. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que ellos mismos nunca deben decidir por los demás ya que eso nos llevaría directamente hacia la tecnocracia. Sería el equivalente social del paternalismo médico. Así, su función ha de ser la de ilustrar y aconsejar, teniendo en cuenta sus criterios como profesionales competentes. Pero en última instancia debe ser la ciudadanía la que ejerza su derecho a decidir.

 

Por este motivo necesitamos, en segundo lugar, que el colectivo científico realice una importantísima misión de difusión del conocimiento. La divulgación responsable debe ser un deber moral para los tecnocientíficos conscientes de su responsabilidad. Haciendo lo más inteligible posible los contenidos de sus investigaciones y aplicaciones, podrán facilitar a la sociedad los conocimientos necesarios para que ésta pueda ejercer su derecho a decidir.

 

Finalmente, el tercer elemento imprescindible es la mejora de la educación. Si se tiene como objetivo formar ciudadanos capaces de decidir sobre procesos tecnocientíficos, es imprescindible que se incorpore éste concepto en todos los niveles educativos. La enseñanza de la ciencia no debería limitarse a los contenidos, como se hace actualmente, sino que también deberían añadirse nuevos elementos como la comprensión de la centralidad de la tecnociencia en nuestras vidas, las implicaciones éticas de la ciencia, sus impactos en la salud, el medio ambiente y la evolución, etc. Todo ello dentro de un espíritu positivo y favorable a la tecnociencia, pero desarrollando una actitud crítica y racional que permita generar ciudadanos responsables y capaces de decidir.

 

 

VI. Una nueva tecnociencia.

 

 

La nueva actitud hacia la tecnociencia nos debe llevar también hacia una nueva consideración de ésta. Su socialización debe tener, necesariamente, consecuencias positivas para la sociedad. Los procesos de construcción social de la tecnociencia pueden tener un peso específico para generar una nueva concepción de ésta.

 

En éste sentido proponemos seis objetivos esenciales que, al incorporarlos en la perspectiva tecnocientífica, tenderán a modificar su consideración social y posibilitar su control social:

 

1. Que los objetivos de la investigación se centren siempre en el bien común (ya descrito más arriba) y no únicamente en el beneficio de los inversores. La investigación e inversión privadas son lícitas y bienvenidas, pero deben someterse a los criterios éticos y sociales que marque el bien común.

 

2. Que lo que podamos hacer con la tecnociencia y comporte riesgos se haga únicamente por causas que realmente valgan la pena, socialmente consensuadas, comprobando que realmente sean actuaciones imprescindibles y ante las que no hay procesos alternativos más seguros.

 

3. La ponderación entre riesgos y beneficios ha de decantarse siempre a favor de la seguridad, la salud y el bienestar de las personas, el medio ambiente y las generaciones futuras.

 

4. Deben posibilitarse moratorias lo suficientemente largas para el uso de nuevas tecnologías, gestionados mediante procesos de control social.

 

5. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Los criterios éticos deben pesar más que los crematísticos.

 

6. Que la tecnociencia nunca sea un arma de control social, ni directa ni indirectamente.

 

 

VII. Los principios fundamentales de la bioética.

 

Finalmente, enlazando con lo dicho hasta ahora, ya podemos realizar la extensión social de los principios de la bioética:

 

Benevolencia:

 

La definición del bien común que ya hemos realizado nos permite poder aplicar el principio de benevolencia a la sociedad entera. Así, las posibilidades que ofrece la tecnociencia deben aplicarse, única y exclusivamente, en beneficio del bien común, incluyendo el medio ambiente como condición de posibilidad última de supervivencia de la humanidad misma.

 

No maleficencia:

 

Es preciso evitar, de la manera más efectiva posible y siendo conscientes de que el riesgo cero no existe, cualquier mal, aunque éste sea tan sólo una posible amenaza, si el conjunto de la ciudadanía no está dispuesto a asumirlo.

 

Justicia:

 

Toda aplicación tecnológica debe poder ser universalizable y aplicable para toda la humanidad (respetando siempre tanto las particularidades de cada cultura como su legítima opción de rechazarla). Al mismo tiempo, los criterios de beneficio particular[8] no deben representar impedimentos para acceder a los posibles beneficios de una tecnología mediante su socialización.

 

Éste principio nos sitúa no sólo frente a la necesidad de tener en cuenta los recursos tecnológicos disponibles y la justicia en su distribución, sino ante la urgencia de hacer lo mismo con los recursos naturales del planeta. Gran parte de la tecnología más importante para el desarrollo de las sociedades contemporáneas está directamente relacionada con la explotación de todo tipo de recursos naturales. Desde la energía y el agua hasta la industria agroalimentaria, si queremos hablar de justicia en la distribución universal de la tecnología, debemos necesariamente hacer lo mismo con la explotación de los recursos.

 

En este punto la comparación con lo que ocurre con los recursos sanitarios escasos, como por ejemplo los órganos para transplante, es lícita y nos desvela importantes consecuencias. Imaginemos qué ocurriría en un país como España si los transplantes de órganos y la tecnología necesaria para efectuarlos sólo fueran asequibles al 20% de la población de enfermos, siendo el único criterio para su limitación en la distribución el poder económico, político e incluso armado de la clase social a la que pertenezcan los pacientes. Si éstos criterios mercantilistas y de poder substituyesen a los habituales criterios médicos, como las características del receptor, la urgencia o el posible beneficio terapéutico, haríamos saltar por los aires el principio de justicia. Pero en realidad, esto mismo es lo que ocurre mundialmente con los recursos energéticos, alimentarios y sanitarios, en especial con los que están vinculados a una explotación tecnológicamente desarrollada.

 

Autonomía:

 

La capacidad de decidir sobre sí mismo es indisociable de la capacidad de decisión colectiva. Son las dos caras de la misma moneda. En consecuencia, el principio de autonomía no puede ejercerse sólo desde el ámbito particular. Los procesos de decisión social sobre la tecnociencia amplían y completan el principio de autonomía.

 

Por otro lado es absolutamente necesario que el principio de autonomía sea universal y que no se limite a una parte de la humanidad. Existen dos motivos esenciales para ello. En primer lugar y desde el ámbito teórico, la no universalización del principio de autonomía implica una grave contradicción puesto que la autonomía es una capacidad intrínseca de todos los seres humanos. En segundo lugar y ya desde el ámbito práctico, en un mundo globalizado como el nuestro, se establecerían dos categorías diferentes de personas. Por un lado tendríamos aquellos que tienen garantizada su capacidad libre de decisión y, por otro, los que no la tienen. Dado que ambos grupos estarían vinculados por una compleja red de intercambios económicos, culturales y políticos, todos aquellos que no pudieran decidir sobre sí mismos se verían en una situación de inferioridad frente a los otros. El resultado de esto sería el inaceptable establecimiento de “dos humanidades”, una libre y otra que, irremediablemente, acabaría siendo siempre utilizada como mero medio.

 

La autonomía está íntimamente relacionada con el anterior principio de justicia: es absolutamente necesario que todos los seres humanos gocen de las mismas oportunidades y tengan las mismas posibilidades de acceso a aquellos recursos imprescindibles para su desarrollo. Sin ellos la autonomía no puede nunca llegar a ser efectiva.

 

No se puede limitar el acceso a la salud, a la alimentación adecuada, a la energía y las tecnologías necesarias para su óptima y sensata distribución al 80% de la población humana, sólo para que el 20% restante siga manteniendo un estilo de vida basado en el eterno derroche. La corrección de esta injusticia pasa, en buena medida, por una aplicación de la tecnociencia que tenga como telón de fondo el bien común.

 

VIII. Conclusión.

 

Hemos constatado a lo largo del texto cómo la reflexión sobre el CSI nos revela la urgencia de reformar las estructuras de participación política, perfeccionando así la democracia. El hilo conductor ha sido la necesidad de que la ciudadanía pueda decidir, libremente y de manera informada, sobre la aplicación de aquellos procesos tecnológicos que les afectan. Pero éste camino nos ha llevado también a constatar que dicho cambio no es posible si no se produce, al mismo tiempo, un cambio en las estructuras económicas de nuestras sociedades, complejamente interrelacionadas mediante el proceso de mundialización.

 

Una vez constatado esto podemos adoptar una postura “realista” y preguntarnos por la viabilidad de tales cambios. Podemos desarrollar una actitud pragmática que nos conduzca a intentar hacer aquello que nos sea posible, sin realizar cambios estructurales. Podemos escudarnos en la excusa de la complejidad para evitar llevar a cabo cambios profundos. Pero lo que de ninguna manera podemos hacer, si nos consideramos ciudadanos partidarios de la democracia y la justicia, es esquivar nuestra responsabilidad moral y política. Los caminos de la democracia y la justicia no están clausurados: podemos, y debemos, perseverar en su perfeccionamiento. Si las estructuras económicas resultan un impedimento para ello, ya no podemos esconder la cabeza bajo de la tierra por más tiempo. La única manera de profundizar en la democracia y la justicia pasa, como ya nos señaló Karl Polanyi, por hacer de la economía – y del mercado – un instrumento a nuestro servicio. Hoy ocurre lo contrario.

 

IX. Bibliografía.

 

 

Boladeras, M., Bioética, Editorial Síntesis, Madrid, 1998.

 

Faden, R.R., Beauchamp, T.L., A History and Theory of Informed Consent, Oxford University Press, New York, 1986

 

Hottois, G., Missa, J.N., Nova enciclopedia de bioética, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2005.

 

Polanyi, K., La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, FCE, México, 2006.


[1] Que más adelante definiremos.

[2] Faden, R.R., Beauchamp, T.L., A History and Theory of Informed Consent, Oxford University Press, New York, 1986.

[3] Hottois, G., Missa, J.N., Nova enciclopedia de bioética, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2005.

[4] Ibid.

[5] CI de ahora en adelante.

[6] Deberíamos añadir aquí algo que sobrepasa el objetivo del presente texto, aunque no está en absoluto desvinculado de él: la misma tecnología nos posibilita encontrar nuevas formas de participación democrática directa que, de ser aplicadas, mejorarían mucho la calidad de nuestra vida política.

[7] Eliminando así también el perfeccionismo ya que entonces es la ciudadanía misma la que establece aquello que considera bueno para ella, y no una entidad separada y ajena.

[8] Refugiados demasiado a menudo en maniobras oscuras con las patentes.

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